El proceso de rendición de cuentas se entiende como la obligación de las entidades públicas de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los grupos de interés, sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes institucionales y el respeto, garantía y protección de los derechos.
En el marco de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016, se formula anualmente una Estrategia de rendición de Cuentas, y se integra al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
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